donostia. La paradoja les atrapa a diario. Las asociaciones de usuarios de cannabis de Gipuzkoa no dejan de recibir pacientes derivados por los propios médicos, plegados a la evidencia de una planta que mitiga dolores. “Vienen aquí casi por rutina”, confirman desde varios establecimientos consultados. A su vez, la Hacienda del territorio recauda en concepto de IVA por la dispensación del cannabis, una actividad que para uso personal supera el listón legal pero, y ahí va la paradoja, las personas que les abastecen, las mismas que presentan las declaraciones de IVA, corren el riesgo de ser detenidas en cualquier control social ante la falta de una regulación clara al respecto… ¿Aquí quién se aclara?

El debate en torno al uso del cannabis, la sustancia ilegal que más adeptos arrastra, dio ayer un salto al Parlamento Vasco, y no parece hacerlo en esta ocasión como el recurrente tema que irrumpe en la opinión pública de cuando en cuando para irse por donde ha venido.

Una decena de asociaciones de usuarios, en representación de 2.500 personas de la CAV, comparecieron ante la comisión de Instituciones, Justicia e Interior para reclamar amparo legal y seguridad jurídica para quienes cultivan y consumen esta planta.

Martín Barriuso, portavoz de la Federación estatal de Asociaciones Cannábicas, e Iker Val, al frente del Ganjazz Art Club, agrupación referente en Gipuzkoa, son los impulsores de la iniciativa, la cara visible de un “trabajo de cocina” que se ha gestado en los últimos meses con total discreción.

Con la boca pequeña confesaban a este periódico días atrás de la cita parlamentaria que incluso desde el PP se han mostrado receptivos a estudiar la propuesta, conscientes de que entre sus filas hay un número creciente de seguidores. “Va siendo hora de asumir esta realidad”, defienden los dos impulsores.

cambio Militan en los llamados clubes sociales de cannabis, que están creciendo como la espuma. En la CAV hay en torno a 25 asociaciones de estas características, aunque la cifra de las que se mantienen en contacto para canalizar sus reclamaciones se reduce a una decena, la mitad en territorio guipuzcoano. Cultivan marihuana “sin ánimo de lucro” para sus socios, y en un circuito cerrado, una actividad considerada legal por los tribunales. “No tenemos nada que ocultar, y al impedirnos funcionar se está favoreciendo el mercado negro”, apunta Barriuso. Aunque el viento parece soplar a favor del cambio, por el momento se sigue primando la vía impositiva. “Nos encontramos ante una situación absurda. Los tribunales dicen que nuestra actividad es legal, pero al tiempo tenemos a gente imputada”, denuncia Barriuso.

Ocurrió el pasado mes de abril. Un vecino de Getaria era detenido bajo la acusación de cultivar cerca de 300 plantas de marihuana en terrenos de su caserío. Este hombre, de 41 años, es uno de los 200 socios del Ganjazz Art Club. “Vivimos una situación de constante inseguridad. Sucedió aquello meses después de haber sido absueltos por la Audiencia Provincial. Casi un centenar de personas han declarado a favor de esta persona, y los informes periciales parecen indicar que volverá a ser absuelto, pero esta situación requiere de una revisión”, opina Val. Y no parece ser ni mucho menos el único que defiende una reflexión en torno a ello. Buena muestra del contexto social proclive al cambio se encuentra en que el Ararteko tiene previsto organizar un foro en torno a esta cuestión, una jornada de discusión en la que se invitará a los sectores implicados, expertos e instituciones con el fin de buscar una solución consensuada.

El Departamento de Interior del Gobierno vasco también parece favorable a estudiar soluciones, e incluso la Fiscalía se ha mostrado receptiva a la hora de buscar salidas. Las asociaciones de consumidores de cannabis han mantenido encuentros con el departamento jurídico de Interior, en los que se ha repasado la jurisprudencia en torno al caso. A los usuarios de estas agrupaciones se les ha hecho saber que entran en la legalidad, tanto penal como administrativamente. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora?

Para los consumidores el desbloqueo de la situación pasa por satisfacer dos demandas. Por un lado, la creación de un Registro de Asociaciones de personas consumidoras de cannabis, donde la propia Administración tenga la posibilidad de controlar la actividad de estas entidades. En segundo lugar, reclaman el establecimiento de un protocolo con la Ertzain-tza y la Fiscalía, para que las plantaciones legales sean no sólo respetadas, sino protegidas por la policía vasca.

Fuente: Diario DEIA