Trece años después de su primera comparecencia, las asociaciones de usuarios de cannabis volvieron el miercoles  a pisar el Parlamento Vasco para reclamar que se regule el cultivo y consumo propio de marihuana y se les dé cobertura legal para acabar con la «inseguridad jurídica» en que desarrollan su actividad: son entidades debidamente autorizadas (pagan incluso impuestos), pero a la vez padecen la incautación de sus plantas y detenciones de sus socios. «Ya va siendo hora de poner negro sobre blanco la situación», defendió Martín Barriuso, portavoz de la Federación de asociaciones que compareció junto al donostiarra Iker Val, presidente del club Ganjazz.

La primera asociación de usuarios de cannabis vasca se constituyó en 1997 bajo el nombre de Kalamudia. Siguiendo el ejemplo de varios grupos catalanes que habían conseguido colarse por las rendijas de la ley, iniciaron un cultivo de marihuana colectivo (unas 600 plantas) únicamente para consumo propio y sin fines lucrativos. Aquella primera experiencia acabó en los tribunales que archivaron la causa aludiendo a que el consumo personal de droga no está penalizado desde 1974 y que el fin de la asociación no era el tráfico de drogas. Los clubes se constituyeron entonces como alternativa al mercado negro como espacios privados donde el socio puede conseguir el cannabis para su uso personal. Cultivan las plantaciones necesarias para esa demanda «sin contravenir la legislación vigente», subrayó Barriuso.

Sin embargo, a medida que crecían las experiencias de cultivos colectivos como el de Kalamudia, continuaban también las incautaciones de marihuana. En 2005, recordó Barriuso, una operación policial acabó con varias personas detenidas en Bilbao y 17 kilos de cannabis incautados. En una sentencia histórica, la Audiencia de Vizcaya no sólo archivó la causa sino que obligó a las autoridades policiales a devolver las plantas requisadas. El propio Iker Val, de Ganjazz, fue arrestado en otro decomiso y posteriormente absuelto por la Audiencia de Gipuzkoa, que resolvió que «no bastaba con cultivar marihuana sino que había que tener intención de vender la droga a terceros».

Amparados por las sucesivas sentencias favorables, estos clubes que agrupan a miles de socios (muchos de ellos con fines terapéuticos) proponen ahora que se cree un registro oficial de asociaciones de consumidores de cannabis para que la propia Administración tenga la posibilidad de controlarlas. En ese listado, explicó Barriuso, quedarían documentados los estatutos de cada entidad así como el balance de cuentas para evitar cualquier uso fraudulento. Barriuso aseguró que hoy por hoy, disfrazados bajo el aspecto de clubes de usuarios, funcionan también grupos de dudosa legalidad que podrían estar aprovechando ese espacio como plataforma para la venta de droga a terceras personas con fines comerciales. «Nosotros no tenemos nada que ocultar -alegó Barriuso-. La transparencia es necesaria para evitar que alguien se aproveche de la ambigüedad en que nos movemos».

Su segunda demanda es la puesta en marcha de un protocolo con la Ertzaintza y la Fiscalía para que las plantaciones legales de estos clubes sean «no sólo respetadas sino protegidas por la policía autonómica» de los sucesivos robos que padecen. Las asociaciones ya han mantenido una reunión con Interior para tal fin, indicó. También han llamado a las puertas del Ararteko, que les ha manifestado su intención de crear un foro de debate en el que se estudien las diferentes alternativas para regular su actividad. En el último año, además, se han reunido con todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco, que «se han mostrado muy receptivos a nuestros planteamientos», indicó Barriuso.

En la ronda de intervenciones, el parlamentario de Aralar Mikel Basabe mostró su apoyo a la propuesta de la federación, mientras que el resto de partidos mostró su disposición hacia la propuesta pero con matices. «No sé hasta qué punto puede ser razonable que se incorpore el cannabis al catálogo de drogas legales y por qué, por esa misma regla de tres, no habría que hacerlo con otras como la heroína», reflexionó Carlos Urquijo, del PP, al tiempo que emplazaba a la federación a tratar su propuesta en la comisión de Sanidad.

Teresa Laespada, del PSE, fue la más contundente a la hora de poner en solfa las peticiones de los usuarios de cannabis. «No hay que mezclar en este debate el uso terapéutico del cannabis porque ya tienen una vía diferente», dijo en referencia a las manifestaciones de Barriuso sobre el importante volumen de socios que acuden a los clubes «derivados directamente desde Osakidetza, pero sin un control posterior». Laespada dijo que, a pesar de «compartir gran parte de los contenidos» presentados por las asociaciones, tiene la sensación de que «no hablamos de lo obvio, de la legalización del cannabis». «Si no ponemos sobre la mesa el debate social e intentamos buscar los quiebros diciendo que queremos la autorización de los clubes y no hablamos de la situación real de la legalización, habremos dado un paso más en vuestro beneficio y dos o tres menos en beneficio del debate social con las drogas», aseguró.

Desde el PNV, Mikel Martínez defendió que su formación quiere que se controle esta situación para «salir» de la actual «inseguridad jurídica» y señaló que existen «bases sólidas» en los planteamientos presentados para tenerlos en cuenta, pero indicó que «es necesario estudiarlo».