Las asociaciones de cannabis reclaman un registro oficial y seguridad jurídica para combatir las mafias – El consumo compartido está organizado en Euskadi.

La fotografía muestra una zona montañosa en la que aparece una extensa plantación, de unos 300 metros cuadrados, de marihuana. Está localizada en un terreno alquilado de Guipúzcoa pero la ubicación es casi secreto de Estado para evitar robos y curiosos. Las plantas de cannabis de la imagen se encuentran ya en proceso de secado y empaquetado tras ser recogidas hace un mes. Valentín Bermúdez, presidente de la asociación Maritxu-Donosti de San Sebastián, explica que se trata del cultivo de los 450 socios que conforman una de las 25 asociaciones de cannabis que existen en Euskadi, aunque son una decena las que se coordinan porque comparten un modelo de gestión y un código deontológico similar.

Maritxu-Donosti se presenta como una agrupación de estudios y usuarios del cáñamo sin ánimo de lucro. “Cultivamos en función de las previsiones de consumo de cada socio, que como máximo puede consumir 15 gramos a la semana, según la recomendación de uso responsable de ENCOD [organismo europeo de supervisión de códigos sociales]”, explica Bermúdez. Este año, han calculado unos 600 gramos por socio al año. “Todo está registrado en un libro donde se apunta cuándo y cuánto compra un miembro del club”, apunta.

Para entrar en la asociación hay que ser mayor de edad, en algunas incluso por encima de 21 años, y estar avalado por otro socio. Si se incumplen las normas se expulsa al infractor. La financiación proviene de las cuotas de entrada (20 euros) y la venta del cannabis a los socios, a un precio menor que en la calle.

La proliferación de asociaciones de cannabis plantea una encrucijada: clubes sociales regulados o mercado negro. “El objetivo de este tipo de asociación es acabar con las mafias y favorecer el consumo colectivo y terapeútico, únicamente de sus socios”, explica Martín Barriuso, presidente de Pannagh y de la Federación de Asociaciones Cannábicas.

El cannabis es la droga ilegal que más se consume, no solo en Euskadi y en España, sino en el mundo. El debate social está latente en la calle debido a que existe un sector de la población que pide cada vez con más fuerza la legalización de la marihuana porque cree que la fórmula del prohibicionismo ha fracasado mientras otras voces reclaman políticas proteccionistas. “Tiene que haber una reflexión social. Considerar la normalización del uso del cannabis entendiendo que tiene que haber una regularización diferente a la actual, con políticas preventivas por delante de las sancionadoras”, explica Xabier Arana, investigador del Instituto de Criminología vasco.

El Código Penal prohíbe el tráfico de cannabis, pero no su consumo, que está despenalizado desde 1974. No hace distinción entre cannabis terapéutico y cannabis recreativo, sin embargo, varias decisiones penales recientes muestran que esta distinción está cada vez más en consideración de los jueces y abierta a distintas interpretaciones. Como referente, todos los ojos están puestos en California (EE UU), que hoy vota la legalización o no de la marihuana.

No es fácil delimitar la frontera entre legalidad y delito. Las asociaciones reclaman la necesidad de una seguridad jurídica y una transparencia. Con este objetivo, el pasado 27 de noviembre se volvieron a presentar en el Parlamento vasco, después de 13 años, para pedir un protocolo policial de registro de usuarios gestionado por la Administración vasca. “No hay nada regulado, estamos dentro de la ley pero eso no significa que no tengamos problemas legales. Cada vez hay más asociaciones y esto se puede descontrolar porque puede aparecer de todo”, advierte Barriuso, presidente de la asociación bilbaína Pannagh, con 350 socios y una lista de espera de 2.000.

Las asociaciones de cannabis han encontrado en la jurisprudencia una vía libre para constituirse amparándose en sentencias que dictaminan que el consumo compartido no se considera delito. “Pero la ley es ambigua y nos enfrentamos a detenciones e incautaciones que en muchos casos acaban siendo casos archivados”, explica Barriuso, que recomienda el uso controlado del cannabis en los jóvenes y que se evite por debajo de los 16 años.